Si la Audiencia Nacional no se pronuncia en los próximos días, 130 adolescentes se verán afectados por la presunta corrupción con la que han operado los últimos responsables políticos del Partido Popular en Valdemoro (Madrid), epicentro de la Operación Púnica. Y comenzarán previsiblemente el próximo curso estudiando en barracones.
La Comunidad de Madrid presupuestó 600.000 euros para ampliar el instituto público Neil Armstrong. Esta cantidad contemplaba la construcción de seis aulas de Bachillerato y cuatro laboratorios. Al comenzar el proceso para iniciar el concurso público, el Ayuntamiento –liderado por Ciudadanos– y el Gobierno regional se llevaron una sorpresa al ver que el terreno no era de titularidad municipal sino que estaba a nombre de una empresa imputada en la Púnica.
Según explican desde el AMPA del centro, la cesión del suelo se realizó mediante un documento privado pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, oficialmente parte del terreno pertenece a la sociedad Obras y Vías, que actualmente tiene sus propiedades inmovilizadas por su presunta vinculación con la Operación Púnica.
El próximo curso, por primera vez este centro impartirá bachillerato y por eso los padres de los alumnos llevaban meses insistiendo en la necesidad de aumentar la capacidad del instituto. «Estuvimos presionando desde septiembre para que la Comunidad de Madrid incluyese la ampliación en los presupuestos de la Consejería y llevábamos unas semanas viendo que la licitación de la obra no salía en el boletín oficial regional, así que preguntamos al Ayuntamiento qué estaba pasando», indica Inés, portavoz del AMPA.
Tras ser informados de la paralización de las obras, los padres de los alumnos llevan semanas reuniéndose con representantes municipales y regionales para encontrar una solución al aforo del centro el próximo año. Por su parte, el alcalde, Guillermo Gross, ha solicitado al Fiscal el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre los terrenos «por interés público».
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que están a la espera de que el Ayuntamiento les ceda el suelo, que la escolarización de todos los alumnos está asegurada y que el problema actual no es de su competencia. El Consistorio pide a la Comunidad «mayor compromiso político», y aseguran que los edificios que ya se han construido en el centro se gestionaron también mediante «cesión anticipada». Aunque en aquella época, uno de sus propietarios no estaba imputado.
Actualmente la alternativa más viable y que menos disgusta al AMPA es la colocación de barracones prefabricados en las instalaciones del centro. «Es la opción que preferimos porque otra sugerencia era que los nuevos alumnos se fuesen a un colegio de primaria que estaba en la otra punta del municipio. La descartamos porque no lo veíamos viable para los profesores y queremos que nuestros hijos estén ubicados en el instituto», añade Inés, portavoz del AMPA.
Recogida de apoyos en internet
El alcalde considera que «es inadmisible que las consecuencias de la corrupción recaigan sobre los chavales de Valdemoro». Los padres de los estudiantes han iniciado una campaña de recogidas de firmas en Change.org para solicitar a la Audiencia Nacional el levantamiento de la prohibición de disponer sobre los terrenos del colegio. Por su parte, la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado ha presentado un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción para que se autorice el cambio de titularidad en el Registro y se investiguen las presuntas irregularidades cometidas.
«Creemos que hay que insistir al juzgado y al Ministerio de Justicia para que se levanten las medidas cautelares ahora. Si no lo conseguimos, seguramente habrá que esperar hasta que se dicte sentencia y los barracones van a terminar siendo permanentes», apunta Javier Carrillo, concejal municipal de la oposición, de Ganemos Ahora Valdemoro.
