Hace ya veinticuatro años que comencé mi andadura como veterinaria en Valdemoro, con muchas ganas y esfuerzo puestos en este periodo. En el ejercicio de mi profesión, he tenido el privilegio de tratar a numerosas mascotas y conocer a sus propietarios. Pero ahora mi trabajo como veterinaria se está viendo afectado. Desde el inicio del año 2025, mi criterio sanitario se ve coartado por el Real Decreto 666/2023. Voy a hacer una breve descripción de lo que está ocurriendo al respecto y en qué les repercute a ustedes como clientes finales.
En sí mismo este Real Decreto surge con el fin de controlar la resistencia de los antibióticos. En eso estoy de acuerdo y todos mis compañeros veterinarios también. Somos conscientes del importante problema de salud que conllevan las resistencias a los antibióticos. Estos se clasifican en cuatro categorías, de las cuales dos prácticamente son inaccesibles para el uso en veterinaria. Se pretende regular la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, pero limitando esencialmente la actividad del veterinario, en concreto, a la hora de prescribir medicamentos en base a la evidencia científica y al propio juicio del profesional.
Desde el día 2 de enero cada vez que le administren un antibiótico a su mascota, o se prescriba para casa, los veterinarios estamos obligados a la notificación en una plataforma denominada PRESVET. Es un sistema rígido e ineficaz que además restringe el tratamiento que podría ser más efectivo para el animal. De esta manera prevalecen las decisiones administrativas a las del criterio veterinario respecto a la salud de la mascota.
De esta manera, por ejemplo, si viene a consulta con su perrito porque le duelen los oídos —y tras la exploración está claro que tiene una otitis bacteriana— antes de la administración del tratamiento oportuno se debe hacer un cultivo y antibiograma. Esta es una prueba que demora la cura y provoca sufrimientos innecesarios, además de encarecer el precio que usted está pagando por los servicios. Y si su mascota no dispusiera de microchip, según normativa, los veterinarios no podemos atender a ese paciente.
¿Qué ocurre si no se sigue correctamente este encorsetado sistema? Que existen unas sanciones desproporcionadas para el sanitario, que en lo único en lo que está pensando es en sanar lo antes posible a la mascota.
Solo espero que puedan modificar esta normativa con el fin de acercarla a la Ley de Bienestar Animal y evitar, en cualquier caso, los abandonos debido al encarecimiento de los tratamientos. Suficientemente se penaliza el bienestar y la salud animal con una IVA actual del 21 %, y eso, aunque, no se lo crean, repercute en la salud pública.
Me gustaría seguir ayudando a esos peludos de cuatros patas durante muchos años más porque «esto» no solo es un trabajo, sino una vocación.
Texto: Sonia Ortega Hernández · Veterinaria Colegiada con el nº: 4623
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